Imagine por un momento que usted es víctima del sistema de justicia. Le aseguran su vehículo con el argumento de que forma parte de una investigación. Confía en las autoridades, espera que el proceso concluya y, días después, descubre que ese mismo automóvil circula en manos de un funcionario público. ¿Suena a película verdad? No lo es, es una realidad que ahora los oaxaqueños enfrentamos, ¿quién protege al ciudadano cuando la propia autoridad es señalada de abusar de su poder?
La indignación no proviene únicamente de la denuncia si no el colmo es que también nace de la respuesta oficial. Mientras la Fiscalía informó que abrió investigaciones internas, el propio gobernador Salomón Jara reconoció públicamente que ha solicitado al fiscal entregar vehículos asegurados o en depósito a autoridades municipales, bajo el argumento de que muchas unidades permanecen años sin utilizarse. ¿Cómo ve? Sin temor al escrutinio, a la crítica, la explicación del gobernador fue cínica.
Esa explicación, lejos de disipar las dudas, abrió un debate aún mayor sobre los límites legales, la transparencia y el respeto a los derechos de los propietarios de esos bienes. ¿No se supone que para eso sirve el Consejero Jurídico?
Si un ciudadano siente que puede perder su patrimonio dentro de un proceso oficial y terminar viéndolo en manos de un servidor público, entonces el riesgo ya no proviene únicamente de la delincuencia, sino también de quienes deberían garantizar la legalidad. En un estado donde la percepción de inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, este tipo de casos profundizan el desgaste institucional.
Tres años de gobierno, y Salomón Jara no se ha dado cuenta que gobernar exige algo más que discursos sobre honestidad. Exige instituciones que inspiren confianza, procesos transparentes y autoridades capaces de explicar con claridad cada una de sus decisiones.
Ahora recuperar la confianza ciudadana será mucho más difícil que recuperar un automóvil.
