Por Horacio Corro Espinosa
Una plaza de maestro en Oaxaca no debería tener dueño. Ni heredero. Ni apoderado. Ni comadre. Ni concejal. Ni presidente municipal. Debería pertenecer a una sola cosa: al salón donde un niño espera clase.
Pero en Oaxaca la plaza no se hereda como una casa. Se hereda como un negocio.
El 23 de septiembre, agentes federales y estatales detuvieron a Miguel Sánchez Altamirano, “Quetu”, presidente municipal de Juchitán. Lo acusan de extorsión agravada y de ataques a la seguridad del Estado. Las autoridades lo vinculan con “Los Cromos”, grupo armado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. También cayó su exjefe de la policía municipal.
Dos días después, Emilio Montero Pérez renunció a la dirección del IEEPO, el instituto encargado de la educación pública del estado. Montero gobernó Juchitán hasta 2022. Su renuncia no llegó sola. Llegó con una pregunta incómoda. Según la investigación difundida por los medios, colaboradores y concejales del ayuntamiento cobraban al mismo tiempo plazas de maestros y de personal técnico en el IEEPO. Una presunta doble nómina. Emilio Montero negó cualquier vínculo indebido. Hasta hoy no hay una acusación formal contra él. La dirigencia del SNTE ya pidió una investigación.
Al día siguiente, el gobernador Salomón Jara nombró a Fernanda Chávez Cruz. No como titular. Como encargada de despacho. Es decir: es alguien para sostener la silla mientras se decide quién se queda con el escritorio.
El primero de octubre, maestros jubilados de la Sección 22 quemaron llantas sobre la calle Lázaro Cárdenas, frente al Centro de Convenciones. Cerraron los dos carriles. Exigían las llamadas claves F. Les informaron que ya no podrán heredar esas plazas a sus familiares, y salieron a la calle.
Pongamos las dos escenas juntas.
En Juchitán, según lo que hoy se investiga, la plaza educativa servía para pagar lealtades de un ayuntamiento. En la calle Lázaro Cárdenas, la plaza se reclamó como patrimonio familiar, igual que se hereda una casa o un terreno. Son historias distintas, con gente distinta. Un jubilado que se ganó su plaza no es lo mismo que un concejal que, si la investigación se confirma, cobraba como maestro sin pisar un salón. Pero las dos parten de la misma idea: que el salario de un maestro le pertenece a quien lo cobra, no a la escuela que lo necesita.
Esa idea no nació esta semana. Tiene décadas. Ha sobrevivido a gobernadores de todos los partidos, a varias reformas educativas y a más de un director que llegó al IEEPO prometiendo orden.
Por eso las preguntas importan más que los nombres.
¿Cuántas plazas tiene hoy el IEEPO y quién ocupa cada una, nombre por nombre?
Si existía una doble nómina en Juchitán, ¿quién firmaba los nombramientos y desde cuándo?
¿La renuncia de Montero abre una investigación o la cierra?
¿Por qué el instituto que educa a los niños de Oaxaca queda en manos de una encargada y no de una titular, justo cuando más necesita a alguien que dé la cara?
El gobernador anunció que pedirá al Congreso desaparecer el ayuntamiento de Juchitán y nombrar un concejo. Un ayuntamiento se puede desaparecer con un decreto. Una nómina no. A la nómina hay que abrirla, ponerla sobre la mesa y leerla en voz alta.
Mientras eso no pase, el lunes a las ocho, en algún salón de la Mixteca, la Costa o el Istmo, un niño mirará la puerta esperando a su maestro.
Ojalá llegue. Ojalá sea maestro.
#PorSiHaceFalta
