
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 28 de mayo 2026.- Cuando un partido político necesita convocar a un Congreso Nacional Extraordinario para reorganizar su propio Comité Ejecutivo Nacional en plena gestión de gobierno, uno podría pensar que algo salió mal. Y estaría en lo correcto. Morena convocó a su VIII Congreso Nacional Extraordinario para cubrir vacantes en la Presidencia y la Secretaría de Finanzas de su CEN, un ejercicio de remiendo institucional que no habla de fortaleza, sino exactamente de lo contrario. Andrés Manuel López Beltrán renunció a la Secretaría de Organización del CEN de Morena apenas el 25 de mayo — tres días antes de que el Senado sesione en periodo extraordinario. Que nadie se confunda: esto no es renovación, es una bajada en picada.
Y las encuestas no mienten, aunque a Morena le gustaría que lo hicieran. La aprobación de la presidenta Sheinbaum era del 80% en marzo del año pasado; para mayo de 2026 cayó a 59%, es decir, 21 puntos porcentuales menos en poco más de un año. Números que duelen. Eso, para quien llegó al poder con más del 59% de los votos, no es estabilización, es caída libre.
El partido no la acompaña mejor. La opinión positiva de Morena cayó de 70% en febrero de 2025 a 54% en febrero de 2026, según Enkoll, que también registra una caída de seis puntos en la preferencia electoral del partido, de 48 a 42% entre octubre de 2025 y marzo de este año. Morena pierde 14 puntos de intención de voto, la mitad de los mexicanos considera que se necesita un cambio, y 63% piensa que políticos de Morena han recibido dinero del narco , según la encuesta de Lorena Becerra presentada en Latinus. Eso es lo que hay detrás de la reforma. No es visión democrática. Es pánico estadístico.
Pero lo verdaderamente grave no está en los pasillos del World Trade Center donde Morena elige dirigentes. Está en el Congreso de la Unión, donde se fragua una reforma electoral que le cambiaría las reglas del juego a todo México — y muy especialmente a Oaxaca.
La revocación de mandato de la Presidenta de la República se mantiene para 2028, en el mismo año en que Oaxaca tendrá elección de gobernador, así como “elección” del Poder Judicial con todo y sus acordeones. Esa coincidencia no es casualidad — es arquitectura política. Y el senador priista Manuel Añorve lo dijo con la precisión que el momento exigía desde la tribuna del Senado: “Lo que quieren es que aparezca la presidenta por la puerta de atrás.”
Así de claro. Así de sencillo.
Porque eso es exactamente lo que ocurriría: mientras Oaxaca delibera quién merece gobernar esta entidad por los próximos dos años, la titular del Ejecutivo Federal estaría recorriendo el país, encendiendo bases, movilizando estructuras y difundiendo su gestión — todo amparado en el paraguas constitucional de la revocación de mandato. Una intervención disfrazada de democracia participativa.
Para Oaxaca eso no es equidad. Es inequidad con firma presidencial.
Y como si lo anterior fuera insuficiente, Morena ensaya en Michoacán lo que quiere normalizar en todo el país: reformas a la ley electoral local para ponerle candados a las candidaturas independientes y frenar movimientos ciudadanos que escapan a su control, como el “movimiento del sombrero” encabezado por la gobernadora Grecia Quiroz. Eso tampoco es democracia — es administración del miedo con lenguaje jurídico.
El priismo llamó a esta reforma el “Plan Maduro” y acusó a Morena de querer achicar a sus aliados y usar recursos públicos para campaña. El apodo es duro pero el argumento es impecable.
Frente a todo esto, el PRI no guarda silencio cómodo. No pacta. No se diluye. En un país donde los demás partidos de oposición han optado por el acomodo, la omisión o la irrelevancia, el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas es hoy la única oposición real en México — la que está en el territorio, la que habla claro en el Senado y la que defiende a Oaxaca de quienes quieren acallar la clara inconformidad que existe contra Morena y los políticos ligados al narco.
Heliodoro Díaz Escárraga
Delegado del CEN del PRI en Oaxaca





