Por Horacio Corro Espinosa
El 22 de julio de este año, hace tres meses, Francisco Alejandro Leyva Aguilar comía en un puesto de La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca. Tenía sesenta años. Llevaba casi treinta ejerciendo el periodismo.
Horas antes había publicado su columna El Zumbido del Moscardón, donde criticaba al gobernador Salomón Jara Cruz y a su círculo. Unos hombres en motocicleta llegaron hasta donde él estaba y le dispararon. Murió ahí.
Un año antes había denunciado amenazas de muerte ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca. Las vinculó a «Trapitos al Sol», una sección de las conferencias del gobernador donde se señalaba a periodistas incómodos.
Leyva Aguilar ganó el Premio Nacional de Periodismo Ricardo Flores Magón en 2024. Nada de eso lo protegió.
Lo que le pasó no es un caso aislado. Es un eslabón más de una cadena que en Oaxaca lleva 13 años sin romperse.
En 2013, Alberto López Bello, reportero de la fuente policiaca de El Imparcial, apareció golpeado y baleado en Trinidad de Viguera, junto a la ciudad de Oaxaca. Tenía veintiocho años. Dos meses antes la policía lo detuvo por fotografiar una narcomanta.
En 2015, Filadelfo Sánchez Sarmiento, conductor del noticiero de Radio La Favorita, fue acribillado afuera de la emisora, en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
En 2019, Telésforo Santiago Enríquez, director de Estéreo Cafetal, fue asesinado a tiros en Santiago Lachiguiri. Cubría conflictos por tierras y proyectos extractivos.
En 2021, Gustavo Sánchez Cabrera, fundador del portal Noticias de la Cuenca, fue emboscado cerca de Tepelmeme, en la Mixteca.
En 2022, Heber López Vázquez, director del portal NoticiasWeb, fue asesinado en Salina Cruz. Al día siguiente, mientras todavía velaban al periodista, el presidente López Obrador dedicó su mañanera a exhibir los ingresos de Carlos Loret de Mola.
En 2024, Samuel López, locutor de BBM Noticias y de Brava Radio, en Tehuantepec, fue asesinado. Las autoridades no determinaron un vínculo con su trabajo periodístico. Que no lo hayan determinado no significa que no exista.
Y ahora, otro nombre: Hamurabi Sinclair Huesca Manzano, director de Pinotepa Comunica, asesinado el 9 de octubre en Santiago Pinotepa Nacional.
Según la versión oficial, lo alcanzaron los disparos de un ataque dirigido contra otra persona. Era periodista y taxista. Los dos son trabajos dignos. Ninguno debería servir para minimizar su muerte ni para descartar una posible relación con su labor informativa.
Su asesinato exige una indagatoria que no descarte el periodismo como línea y que identifique a los responsables.
Ocho casos en trece años. Cinco regiones de Oaxaca: Sierra Sur, Istmo, Mixteca, Valles Centrales y Costa. Y un dato que los une más que la geografía: la impunidad.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso de Leyva Aguilar. Pero si la historia sirve de indicador, el expediente seguirá el mismo camino que los anteriores: la carpeta se abre, las líneas se multiplican en el papel y el silencio lo devora todo.
Mientras no haya resultados, la pregunta sigue en pie: ¿de qué sirve atraer una investigación si la justicia nunca llega?
En 2022, yo recibí amenazas que me obligaron a dejar de escribir sobre corrupción en Oaxaca. Conozco el peso de ese silencio. Y conozco la lección que enseña cada expediente sin resolver: en Oaxaca, matar a un periodista no tiene consecuencia alguna.
Matar al mensajero se ha convertido en política editorial.
(Gracias a mis compañeros periodistas: Froylán Méndez Ferrer, y Said Hernández, por sus archivos).
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