Por Jesús Madrid
El Gobierno del Estado presentó una propuesta de nueva Constitución de 81 artículos, con la interculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como uno de sus ejes. Se habla de autonomía, consulta, lenguas, territorio y participación. Suena bien.
Pero ¿realmente necesitamos otra Constitución o necesitamos que quienes gobiernan cumplan la que ya tenemos?
Porque una Constitución puede tener los mejores artículos del mundo, pero si no se cumple, se queda en papel. El propio Gobierno plantea sustituir el texto vigente por uno más compacto y con una visión intercultural. Pero ¿cambiar las palabras cambia la realidad de las comunidades? ¿Oaxaca será más justo porque tenga una nueva Constitución, o porque sus autoridades hagan valer los derechos que ya están reconocidos?
Y aquí es donde el doble discurso de estos gobiernos morenistas debe enfrentarse con la realidad. Durante 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 17 agresiones contra personas defensoras del medio ambiente en Oaxaca. No estamos hablando de una discusión académica, hablamos de personas que defienden su territorio, el agua y sus recursos, y que enfrentan amenazas e intimidaciones, e incluso asesinatos.
El caso más reciente vuelve todavía más dolorosa la realidad. El 16 de septiembre, el profesor y activista comunitario Misael Hernández Mendoza, promotor de la lengua y los derechos comunitarios y lingüísticos, fue atacado a balazos junto con su hija de apenas tres años en San Andrés Chicahuaxtla. Hemos exigido una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, además de garantías de protección y justicia.
Entonces, si de verdad se quiere una Constitución para los pueblos de Oaxaca, que no se quede en foros, discursos y fotografías. Que cada derecho tenga presupuesto, responsables, plazos e indicadores públicos; que exista un mecanismo independiente para vigilar su cumplimiento y que cada agresión contra defensores comunitarios tenga una investigación efectiva y seguimiento hasta llegar a la justicia. Porque una nueva Constitución puede ser una oportunidad, sí, pero sólo tendrá sentido si cambia la vida de las comunidades. Oaxaca no necesita otro papel para decir que los pueblos tienen derechos; necesita gobiernos que los respeten, los protejan y los hagan cumplir todos los días.
