Carlos A. Moreno Alcántara.
Las últimas semanas ha ocupado de manera importante en la agenda política oaxaqueña el tema del procedimiento de la revocación de mandato del Gobernador del Estado, que si bien es un mecanismo de participación directa de las y los ciudadanos, de mucha importancia, tal pareciera que se ha convertido en obsesión política, de Tirios y Troyanos, más no de los ciudadanos.
Conviene mencionar que la revocación de mandato es una herramienta democrática que permite a la ciudadanía evaluar y decidir la continuidad de sus gobernantes antes de que finalicen su periodo.
En Oaxaca, este mecanismo ha cobrado relevancia debido a la iniciativa impulsada por el gobernador Salomón Jara, quien se comprometió a someterse a este proceso a mitad de su administración y que incluso promovió (por no decir ordenó) una serie de reformas en el Congreso Local.
Para que proceda la revocación de mandato del gobernador, se deben cumplir ciertos requisitos: En principio una Solicitud Ciudadana: no una promoción y menos solicitud del gobernante, pues el derecho es del ciudadano, por mucha democracia que transpire, un gobernante debe solo respetar el derecho del ciudadano y ello implica en principio si hay o no el deseo, si no mayoritario, de menos mínimo, pues se requiere el respaldo de al menos el 10% de los electores inscritos en la lista nominal, unas trescientas diez mil firmas, las cuales deben provenir de al menos 286 municipios
Una vez cumplidos los requisitos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitirá la convocatoria para la consulta y para que el resultado sea vinculante, debe participar al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.
Aquí vale la pena recordar algunos datos que sirven de puntos de partida para la reflexión: Se requiere más participación ahora que cuando fue electo el actual gobernador Jara, pues en el 2022 que fue electo solo participó poco más del 38% y por cierto obtuvo alrededor de 698 mil votos.
Con estos datos podemos preguntar: ¿De verdad puede apostarse a una participación del 40% o más de manera genuina, sin acarreos ni promociones oficiosas? ¿Qué fuerza ciudadana, opositora o ambas tienen esa capacidad de movilización? Incluso más allá de las oposiciones y adhesiones propias y naturales ¿de verdad se percibe un clima de exigencia de salida del Gobernador, más allá de que haya muchas y muy válidas razones para no estar satisfechos con su gestión?
El hecho de que Salomón Jara haya propuesto someterse a la revocación de mandato pretende promoverse como un acto de transparencia y respeto a la voluntad popular. Sin embargo, también podría verse como una estrategia política para fortalecer su imagen.
Bueno y suponiendo sin conceder (perdón por el sello de lenguaje de abogado) que se llevara a cabo el proceso, porque de verdad los ciudadanos “firmen y voten” ¿qué pasaría? ¿quién releva? Bueno en principio el resultado debe calificarse y en su caso impugnarse, después de ello, firme que quede la pregunta es ¿quién nombra al sustituto? ¿el pueblo democrático que quita y pone? La respuesta es: No.
De acuerdo con la Constitución, por ser el tercer año de gobierno, la elección extraordinaria es improcedente, el nombramiento del Gobernador que concluiría el periodo debe ser nombrado por el Congreso Local por mayoría calificada (28 votos que por cierto le sobran al grupo afín al Gobernador).
Con todos estos elementos, podemos cavilar y deducir que en principio, no veo un ambiente exasperado en contra del Gobernador a grado tal que la ciudadanía (no sus enemigos políticos) puedan legitimante hacer uso del mecanismo constitucional de la revocación del mandato, es cierto hay y mucha insatisfacción, pero ello no es necesariamente inconformidad social a grado de necesitar el relevo del Gobernador, de hecho como oposición, se le debe exigir que cumpla con sus deberes y se le critique por no hacerlo y en su caso y oportunidad se convoque a votar por una alternativa diversa, esta es la práctica democrática digamos ordinaria, la extraordinaria y honestamente no la veo, es la de la necesidad por ingobernabilidad o conflicto extremo de una deposición.
Tampoco veo la fuerza en sus enemigos, ni siquiera aliándose con sus opositores (que no es lo mismo) para convocar y movilizar. Lo que veo es más bien un deseo del propio gobernador de someterse a escrutinio de revocación, tal vez porque coincida en el fondo sobre el riesgo inexistente y se permite jugar a la convocatoria de la falacia democrática.
Ahora bien, al mencionar que lo hace “siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel”, entonces si es preocupante, porque para todos quedó claro que el expresidente en su momento tenía calculado el escenario de la revocación como una oportunidad y no como una amenaza, en este sentido, “su ejemplo” no resulta democrático sino creador de una narrativa triunfalista que justifica las deficiencias de gobierno, pues nada habrá que corregir cuando el pueblo bueno “ama al gobernante a grado tal que no permite que se vaya”.
Si bien creo que la revocación de mandato es un mecanismo democrático y de control del poder por naturaleza, esto solo cumple con su objetivo cuando su promoción y ejecución, deviene de un legítimo ejercicio y movilización ciudadana, no desde la promoción del poder y la oportunidad de denostación del enemigo doméstico.
Ni que decir del gasto, como si no faltaran cosas, en conclusión, creo que, en esta ocasión, solo sería un gasto y un desgaste, es un cálculo sin riesgos que permite una afirmación de poder innecesaria, que en extremo, solo puede traer como consecuencia, peligrosos triunfalismos que cieguen y ensordezcan, sin mayor utilidad que detectar enemigos de los que hay que deshacerse, acomodar piezas y confundir “el amor de su pueblo” con indiferencia ciudadana. Al tiempo.
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Felicidades Lic excelente análisis, Saludos.